Domingo, 04 de octubre de 2009
Publicado por neracare @ 22:11  | Ensayo
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

 

 

 

               II. EL DESAFÍO DE LA IZQUIERDA, 1931-1933

 

 

 

(tercera parte del capítulo II)

 

 

 

Casi antes de que el gobierno hubiera tenido tiempo de apaciguar las cosas en Castillblanco, tuvo lugar una tragedia igualmente perturbadora, esta vez en el norte. A finales de 1931 numerosos trabajadores fueron despedidos de la fábrica local de calzado en Arrendó, Logroño, por pertenecer a la UGT. Durante una protesta pública, la Guardia Civil disparó, matando a cuatro mujeres, un niño y un trabajador, además de herir al menos a otras treinta personas. El incidente tenía todo el aspecto de una revancha por lo de Castillblanco. Entonces, a principios de 1932, se reprimió severamente una huelga anarquista, especialmente en el Alto Llobregat, en Cataluña. Hubo arrestos y deportaciones. Los trabajadores anarquistas y socialistas estaban sencillamente irritados, mientras que la derecha creía que la República sólo era sinónimo de caos. Sin embargo, la necesidad de una reforma era evidente, sobre todo en el sur rural donde, a pesar de las promesas de reforma agraria, las condiciones de vida seguían siendo brutales. Numerosos terratenientes habían declarado la guerra a la coalición republicano-socialista negándose a sembrar los campos.

         La respuesta de los grandes propietarios a las medidas reformistas había sido rápida, tanto a nivel nacional como local. Sus redes de prensa se explayaron augurando la maldición que acarrearían las reformas gubernamentales cuando, en realidad, ellos actuaban como si los decretos nunca se hubieran aprobado. Lo que las feroces críticas de las organizaciones patronales omitieron era el hecho de que las medidas socialistas se limitaban a poco más que esperanzas sobre el papel. De hecho, no existía una organización capaz de hacer cumplir los nuevos decretos en los aislados pueblos del sur. Los propietarios seguían disfrutando del poder social que les garantizaba el ser los únicos dadores de trabajo. La Guardia Civil había sido hábilmente atraída para permanecer leal a las clases rurales altas. Los diputados socialistas del sur se quejaban con regularidad en las Cortes de la incapacidad de los gobernadores civiles para aplicar la legislación gubernamental y obligar a la Guardia Civil a apoyar a los braceros en lugar de a los propietarios.

         Durante 1932, la FNNTT trabajó duramente tratando de detener la creciente desesperación de sus militantes del sur. Con la reforma agraria en el aire, los propietarios no estaban dispuestos a invertir en sus tierras. La ley de cultivos obligatorios fue, de hecho, ignorada, y no se contrató mano de obra para las labores esenciales de la siembra de primavera. Se negaba el trabajo a los braceros porque pertenecían a la  FNTT. Y, sin embargo, ésta continuó fiel a su línea de moderación y exhortó a los militantes de base a suavizar su extremismo y a no esperar demasiado de la anunciada reforma agraria. Por desgracia, el estatuto hizo poco, en parte porque sus cautelosas disposiciones habían sido esbozadas por Marcelino Domingo, nuevo ministro de Agricultura, por agrónomos conservadores y abogados terratenientes. Después de un lento debate en las Cortes entre julio y septiembre, se dio paso a la creación de un Instituto de reforma agraria para supervisar la parcelación de fincas de más de 22,5 hectáreas. Por tanto, no se hizo absolutamente nada por los pequeños propietarios del norte. Además, las estratagemas usadas por los terratenientes a fin de evitar declarar sus propiedades, junto con el hecho de que las estipulaciones de la ley de reforma estuvieron plagadas de pretextos y excepciones, aseguró que tampoco fuese una ayuda para los braceros del sur. Largo lo describió como “una aspirina para curar apendicitis”. Y si no hizo nada por mitigar el fervor revolucionario del campo, aún hizo menos para disipar la hostilidad de los propietarios de derechas hacia la República.

         Otra fuente de feroz oposición a la República la constituía el Estatuto de Autonomía para Cataluña. Como dejaba el control de la administración local al parlamento catalán, la Generalitat, el Ejército y las clases conservadoras lo consideraban un ataque a la unidad nacional. En las Cortes, un Azaña enérgico tuvo que luchar contra los diputados derechistas. De hecho, el Estatuto de Autonomía, redactado por una coalición encabezada por Francesc Macià, el intransigente nacionalista catalán, estaba lejos del maximalismo esperado por los políticos madrileños, que estaban pocos dispuestos a permitir a la Generalitat y, particularmente, a Macià, cualquier autonomía real. Consideraban a su partido, la Ezquerra, como una coalición efímera y oportunista, cuya viabilidad dependía de los votos de los militantes de la CNT. Esto no impidió que la derecha presentara al gobierno de Azaña como totalmente dispuesto a destruir siglos de unidad española.

         Al margen de los debates constitucionales en las Cortes, la derecha demostró que no tendría escrúpulos en utilizar la violencia para cambiar la trayectoria de la República. A los oficiales del Ejército, enfurecidos por las reformas militares y el Estatuto de Autonomía, se unieron los conspiradores monárquicos para persuadir al general José Sanjurjo de que el país estaba al borde de la anarquía y estaban preparados a sublevarse bajo su mando. El intento de golpe de Estado del general Sanjurjo tuvo lugar el 10 de agosto de 1932 en Sevilla. Mal planeado, fue fácilmente derrotado, en esta misma ciudad, por una huelga general de la CNT, la UGT y los trabajadores comunistas, y en Madrid, donde el gobierno, previamente alertado, acorraló rápidamente a los conspiradores. En cierto modo, ese ataque a la República por parte de uno de los héroes del viejo régimen, un general monárquico, benefició al gobierno al generar una ola de fervor republicano. La facilidad con que la sanjurjada –nombre con que se conoce el fiasco- fue extinguida, permitió al gobierno generar suficiente entusiasmo parlamentario para hacer aprobar en las Cortes la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto Catalán, en el mes de septiembre.

        El prestigio del gobierno se encontraba en su cota más alta, pero la situación era menos favorable de lo que parecía. La sanjurjada mostró la hostilidad con que el Ejército y la extrema derecha contemplaban a la República. Además, mientras la coalición gubernamental se derrumbaba, la derecha reorganizaba sus fuerzas. Este proceso se vio reforzado por el insurreccionalismo de la CNT. La prensa derechista no hacía distinciones sutiles entre la CNT, la UGT y la FNTT. Aunque la CNT consideraba la República “tan repugnante como la monarquía”, sus huelgas e insurrecciones eran condenadas por la coalición republicano-socialista, que trabajaba arduamente para controlarlas. Sin embargo, mientras en los pueblos la extrema derecha se contentaba con dedicarse a la censura general del desorden, los miembros más perspicaces de la burguesía rural –que habían encontrado un puesto en el Partido Radical-, espolearon la hostilidad de la CNT hacia los socialistas para romper el vínculo existente entre las diferentes organizaciones obreras. El ejemplo más dramático de este proceso tuvo lugar como resultado de la huelga revolucionaria de ámbito nacional convocada por la CNT para el 8 de enero de 1933, y sus sangrientas repercusiones en la localidad de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz. En las condiciones de lock-out  existentes en 1932, cuatro de cada cinco trabajadores de Casas Viejas estaban sin empleo durante gran parte del año, dependiendo de la caridad, de trabajos ocasionales en obras públicas y del merodeo por la zona en busca de espárragos silvestres y conejos. Su desesperación, avivada por el alza del precio del pan, aseguró el 11 de enero una respuesta entusiasta a la anterior llamada de la CNT a la revolución. Su dubitativa proclamación del comunismo libertario desembocó en una presión violenta en la que murieron veinticuatro personas.

         La prensa  derechista se frotó las manos y felicitó a las fuerzas del orden al darse cuenta de cómo podía explotar la situación. La consiguiente campaña de desprestigio, en la que los periódicos de la derecha clamaron que la República era tan bárbara, injusta y corrupta como los regímenes anteriores, consiguió desmoralizar a la coalición republicano-socialista. Las tareas del gobierno se vieron virtualmente paralizadas. Aunque los socialistas apoyaron lealmente a Azaña, quien llevó el peso del abuso derechista en Casas Viejas, el incidente anunciaba la muerte de la coalición al simbolizar el fracaso del gobierno en su pretensión de resolver el problema agrario. En adelante, a nivel local, la FNTT iba a ser más beligerante y su actitud se reflejó en el seno del Partido Socialista en forma de rechazo a colaborar con los republicanos. Mientras tanto, los anarquistas avivaban el ritmo de sus actividades revolucionarias y los radicales de Lerroux, siempre ávidos de poder, se escoraron cada vez más a la derecha e iniciaron una política de obstrucción en las Cortes.

         La violencia latente a nivel local se transmitió a la política nacional, donde se desarrolló progresivamente la hostilidad entre el PSOE y la recién creada Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). El nuevo parido, resultado de la fusión de Acción Popular y al menos cuarenta grupos derechistas más, fue obra de José María Gil Robles. En su discurso de clausura en el congreso fundacional de Madrid, en febrero de 1933, dijo al público:

 

                Cuando el orden social está en peligro, los católicos deben unirse para defenderlo y defender los principios de la civilización cristiana. (…) Iremos juntos a la lucha, cueste lo que cueste. (…) Estamos ante una revolución social. En el panorama político de Europa veo sólo la formación de grupos marxistas y antimarxistas. Eso ocurre en Alemania y también en España. Ésa es la gran batalla en la que debemos luchar este año.

 

         Más tarde, ese mismo día, en otro mitin en Madrid, dijo que no veía nada malo en pensar en el fascismo para curar los males de España. Los socialistas estaban convencidos de que la CEDA era probable que cumpliera con un papel fascista en España, acusación, sólo casualmente desmentida por el partido católico. El sector mayoritario del PSOE, liderado por Largo Caballero, empezó a pensar que si la burguesía democrática era incapaz de detener el auge del fascismo, correspondía a la clase obrera la búsqueda de formas políticas diferentes con las que defenderse a sí misma.

         Mientras tanto, a lo largo de 1933, la CEDA fue extendiendo el descontento con respecto a la República en los círculos agrarios. Gil Robles se especializó en declaraciones de doble filo y recrudeció el miedo a los socialistas ante el fascismo. Weimar se citaba constantemente como un ejemplo para la derecha y una advertencia para la izquierda; no era difícil encontrar paralelos entre las repúblicas alemana y española. La prensa católica aplaudía la destrucción nazi de los movimientos socialistas y comunistas alemanes. El nazismo gozaba de gran admiración por parte de la derecha española debido a su valoración de la autoridad, la patria y la jerarquía –tres preocupaciones centrales de la propaganda de la CEDA-. Todavía más preocupante era que, como justificación de las tácticas legalistas en España, El Debate argumentara que Hitler había llegado al poder por la vía legal; dicho periódico comentaba con frecuencia la necesidad de que en España hubiera una organización como aquellas que en Alemania e Italia habían destruido la izquierda e insinuaba que Acción Popular y la CEDA podían tener esa función.

         Tal era la atmósfera cuando en noviembre se convocaron elecciones. En contraste con 1931, esta vez la izquierda acudió a las urnas dividida. Por su parte, la derecha fue capaz de llevar a cabo una campaña unida y, en líneas generales, belicosa. Gil Robles había regresado de la campaña de Nuremberg y parecía estar fuertemente influenciado por lo que había visto. En efecto, la campaña electoral de la CEDA demostró que Gil Robles había aprendido bien la lección: decidido a ganar a cualquier precio, el comité electoral de su grupo impulsó la formación de un único frente antimarxista y antirrevolucionario. Así pues, su grupo no tuvo escrúpulos en acudir a las elecciones en coalición con grupos catastrofistas como Renovación Española y los carlistas o, en otras provincias, los cínicos y corruptos radicales.

         La derecha invirtió una considerable cantidad de dinero en la campaña electoral. Los fondos electorales de la CEDA eran muy cuantiosos gracias a las generosas donaciones de hombres como Juan March, el millonario enemigo de la República. EL clímax de la campaña se produjo en un discurso que Gil Robles pronunció en Madrid. Su tono permitía imaginar claramente a la izquierda lo que para ellos iba a significar una victoria de la CEDA:

 

            Debemos ir a la reconquista de España (…) Debemos dar a España una verdadera unidad, un nuevo espíritu, una política totalitaria (...) Es necesario, en el momento presente, derrotar al socialismo implacablemente (…) Debemos fundar un nuevo Estado, una nación nueva, dejar la patria depurada de masones judaizantes… Debemos empezar a hacer un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa si tenemos que derramar sangre…! Necesitamos el Poder íntegro y eso es lo que pedimos (…) Para realizar este ideal no vamos a perder el tiempo con formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer.

         Los socialistas, que habían decidido acudir a las elecciones por su cuenta, no pudieron competir con la masiva campaña propagandística organizada por la derecha. Gil Robles dominó la campaña de la coalición derechista de la misma forma que Largo Caballero la socialista, emulando el extremismo radical de su oponente. Al declarar que únicamente la dictadura del proletariado podría llevar a cabo el imprescindible desarme económico de la burguesía entusiasmó a sus seguidores, pero supuso una provocación para la derecha y contribuyó a justificar su agresiva postura.

         Los argumentos del moderado Indalecio Prieto de que el PSOE debía mantener su alianza electoral con los republicanos izquierdistas eran descartados por los sectores más radicales del partido liderado por Largo Caballero. Su imposición de la decisión de ir solos a las elecciones fue irresponsable; culpaban simultáneamente a los republicanos izquierdistas de todas las deficiencias de la República y asumían confiadamente que todos los votos que en 1931 habían dado la victoria a la coalición republicano-socialista irían a parar al PSOE. De hecho, la coalición abarcaba desde las clases medias hasta los anarquistas. Los Radicales se encontraban ahora situados a la derecha y, después de Casas Viejas, la hostilidad de los anarquistas hacia la República aseguraba su abstención. Los socialistas estaban cometiendo un fatal error tácito ya que la ley electoral existente favorecía las coaliciones y la CEDA estaba dispuesta a aliarse con quien fuera, lo que tuvo como resultado que se necesitara el doble de votos socialistas que de votos derechistas para elegir un diputado. Los resultados electorales significaron una amarga derrota para los socialistas, que solamente obtuvieron 58 escaños. Después de los pactos locales entre la CEDA y los radicales, diseñados para aprovecharse de la ley electoral, los dos partidos acabaron obteniendo 115 y 104 diputados respectivamente. La derecha había recuperado el control del aparato del Estado, y estaba decidida a utilizarlo para desmantelar las reformas de los dos años precedentes. Sin embargo, durante ese tiempo se habían creado tales expectativas que podía preveerse la violencia popular cuando la derecha hizo retroceder el reloj a la época anterior a 1931.

 

 

 

 

                                                                                                        Paul Preston: “La Guerra Civil Española” 1999

 

 


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