Domingo, 04 de octubre de 2009
Publicado por neracare @ 22:06  | Ensayo
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

 

 

 

               II. EL DESAFÍO DE LA IZQUIERDA, 1931-1933

 

 

 

(segunda parte del capítulo II)

 

alfonsinos, con su revista Acción Española y su partido político Renovación Española, eran el estado mayor y los impulsores económicos de la extrema derecha. Tanto el alzamiento de 1936 como la estructura e ideología del Estado franquista fueron grandes deudores de los alfonsinos. Finalmente, había un número de pequeños grupos fascistas que terminaron coaligándose como Falange Española entre 1933 y 1934 baja el liderazgo del hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera. Los militantes falangistas, subvencionados también por Mussolini, proporcionaron la carne de cañón a la opción catastrofista, al atacar a la izquierda y provocar las luchas callejeras que permitieron a los demás grupos denunciar el “desorden” de la República.

         Entre los enemigos de la República, dos de los más poderosos eran la Iglesia y el Ejército. Ambos fueron fácilmente empujados hacia las filas de la derecha antirrepublicana, en parte por los errores llevados a cabo por los políticos de la República. El 7 de mayo, el arzobispo de Toledo, cardenal Pedro Segura, declaró la guerra a la República en una carta pastoral en la que llamaba a los católicos a alzarse en armas contra los destructores de la religión. Y esto no hizo sino ratificar la convicción republicana de que la Iglesia constituía el bastión de la fea reacción. Así, el 11 de mayo, cuando la humareda de los incendios de iglesias se extendió por Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz y Alicante, el Gobierno se negó a llamar a la Guardia Civil. El inteligentísimo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, proclamó que “todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano”, frase que fue utilizada por la prensa derechista para persuadir a sus lectores e clase media de que, en cierta manera, Azaña aprobaba la quema de conventos. El 22 de mayo se declaró la plena libertad religiosa. El diario monárquico ABC y el católico El Debate despotricaban contra la República y el gobierno los clausuró temporalmente.

         Diversos motivos causaron fricciones entre la República y las Fuerzas Armadas pero seguramente el más importante fue la rapidez con que el nuevo régimen concedió autonomías regionales. El 14 de abril, el coronel Macià, líder de Ezquerra Republicana de Catalunya, declaró una república catalana independiente. Una delegación de Madrid le convenció de que esperara la resolución del gobierno, prometiéndole un rápido estatuto de autonomía. Inevitablemente, esto provocó la suspicacia del Ejército, que había vertido mucha sangre luchando contra el separatismo catalán. Para empeorar las cosas, el ministro de la Guerra, Azaña, inició en mayo una reforma para recortar el excesivo cuerpo de oficiales y hacer al Ejército más eficiente, esperando también reducir las ambiciones políticas de las Fuerzas Armadas. Era una reforma necesaria y, en muchos aspectos, generosa, dado que los ocho mil oficiales sobrantes se retiraron con la paga completa. Sin embargo, se avivaron las susceptibilidades militares por la insensibilidad con que se llevaron a cabo diversos aspectos de la reforma. El decreto de Azaña del 3 de junio de 1931 para la llamada revisión de ascensos reabrió los expedientes de algunos de los concedidos por méritos de guerra en Marruecos. Numerosos y distinguidos generales derechistas, incluyendo a Francisco Franco, se enfrentaron a la posibilidad de ser reducidos al rango de coroneles. La comisión que llevaba a cabo esta reforma necesitó más de dieciocho meses para elaborar un informe, causando una ansiedad innecesaria a los casi mil oficiales afectados, de cuyos casos sólo se habían examinado la mitad. En junio de 1931, Azaña cerró la Academia General Militar de Zaragoza por razones presupuestarias y por considerarla un nido de militarismo reaccionario, lo que le garantizó la eterna enemistad de su director, el general Franco.

         Como la reforma de Azaña incluía la abolición de la jurisdicción del Ejército sobre civiles acusados del delito de injurias a las Fuerzas Armadas, muchos oficiales lo consideraron un ataque frontal. Aquellos que se habían jubilado por haberse negado a jurar lealtad a la República, tuvieron suficiente tiempo para conspirar contra el régimen, alentados por los periódicos leídos por la mayor parte de los oficiales del Ejército, ABC, La Época y La Correspondencia Militar, que presentaban a la República como responsable de la depresión económica, de la falta de orden público, de la falta de respeto al Ejército y de anticlericalismo.  Se montó especialmente una campaña contra Azaña, acusándole de intentar “triturar el Ejército”. Aunque Azaña nunca pronunció comentarios de este tipo, se creía que sí los había hecho. De hecho, lejos de privar al Ejército de fondos y material, Azaña –quien se había dedicado toda la vida al estudio de las relaciones civiles y militares-, aseguró solamente que se iba a gastar el presupuesto militar de un modo más eficaz. En cualquier caso, Azaña tendía a ser exquisitamente correcto en sus relaciones con una fuerza vacilante e ineficiente en comparación, por ejemplo, con los ejércitos de países como Portugal y Rumanía. Irónicamente, la preparación militar del ejército español en 1936 se debió tanto a los esfuerzos de Azaña, como a los de su sucesor, el derechista José María Gil Robles. La maquinaria de propaganda derechista convirtió a Azaña en la pesadilla de los militares porque quería dotar a España de un Ejército despolitizado. Para la derecha, el Ejército existía por encima de todo para defender sus intereses sociales y económicos. Por tanto, se presentaba a Azaña como el monstruo corrupto supuestamente dispuesto a destruir tanto al Ejército como a la Iglesia, porque formaba parte de la conspiración judeo-bolchevique-masónica. Curiosamente, Azaña respetaba mucho más los procedimientos militares que su antecesor, el general Primo de Rivera. A un general que presumía de “interpretar los sentimientos más extendidos de la nación”, Azaña le respondió rotundamente:”Su obligación se limita a interpretar los reglamentos”. Y no era ésta la manera en que los generales españoles esperaban ser tratados por los civiles.

         La primera controversia importante de la República había tenido lugar antes de que la derecha se organizara adecuadamente. En junio de 1931, los socialistas ganaron las elecciones en coalición con los republicanos de izquierdas. El republicanismo tendía a convertirse en un movimiento de intelectuales y pequeñoburgueses, siendo más bien un grupo amorfo e improvisado que una fuerza de izquierdas unida. Por otro lado, la única agrupación centrista, los Radicales, había empezado como un movimiento de masas genuino en Barcelona a principios de siglo. Dirigidos por el político Alejandro Lerroux, apasionado orador y corrupto animal político, iban a convertirse progresivamente en más conservadores y antisocialistas a medida que avanzaba la singladura de la República. Le causaron un daño inmenso por su disponibilidad para inclinarse hacia el bando ganador, según la ocasión. La polarización que introdujo el efecto péndulo de una gran victoria izquierdista en las elecciones de 1931, seguida de un triunfo derechista igualmente espectacular en 1933, se intensificó en gran medida por el hecho de que los radicales se habían cambiado de bando.

         La dinámica centrífuga de los políticos republicanos era, en sí misma, la inadvertida consecuencia de un conjunto de leyes electorales diseñadas en Alemania a fin de evitar la fragmentación política de la República de Weimar. Para asegurarse importantes mayorías gubernamentales, en cada provincia, el 80 por ciento de los escaños se daba al partido o a la lista con más del 40 por ciento de los votos emitidos. El otro 20 por ciento se adjudicaba a la lista situada en segundo lugar. Por tanto, pequeñas fluctuaciones en el número de votos emitidos podían determinar vuelcos masivos en el número de escaños parlamentarios realmente ganados. La necesidad de formar coaliciones era obvia. Por ello, las elecciones de 1931 registraron una rotunda victoria de los socialistas, los republicanos izquierdistas y los radicales unidos. Los primeros obtuvieron 250 escaños, los radicales de Alejandro Lerroux, 90 y la de algún modo heterogénea derecha, 80. Sin embargo, en 1933 el éxito de las tácticas derechistas de bloqueo de la reforma y el consiguiente desencanto entre la base popular de la izquierda había provocado un cambio importante en la relación de las fuerzas. Por entonces, los anarquistas que en 1931 habían votado a los partidos izquierdistas optaron por la abstención. Los socialistas habían perdido la fe en las posibilidades de la democracia burguesa por lo que rehusaron formar una coalición con los republicanos de izquierda. Así, el aparato del Estado se escapó de las manos de la izquierda en las elecciones de noviembre de 1933.

         Ese cambio era un reflejo de la enormidad de la tarea que tenía que afrontar el parlamento de 1931, conocido como las Cortes Constituyentes, pues su labor principal era dotar a España de una nueva constitución. Para que la República sobreviviera, tenía que aumentar los salarios y reducir el desempleo. Por desgracia, el régimen había nacido en plena depresión mundial. Con la caída de los precios agrícolas, muchos terratenientes tuvieron que dejar de cultivar sus tierras. Los campesinos sin tierra, que en épocas de prosperidad rozaban la miseria, se encontraban así en un estado de tensión revolucionaria. Los obreros de la industria y de la construcción corrían igual suerte. Además, las clases pudientes atesoraban o exportaban sus capitales, lo que planteaba un terrible dilema al gobierno republicano: si cedían a las demandas de las clases humildes de expropiar las grandes fincas y colectivizar las fábricas, probablemente el Ejército intervendría parar destruir la  República. Y si se reprimían los desórdenes revolucionarios a fin de tranquilizar a las clases altas, el gobierno iba a chocar con el descontento de las clases trabajadoras. Tratando de elegir el término medio, la coalición republicano-socialista acabó por irritar a ambos bandos.

         Todo ello se hizo patente al cabo de una semana de la apertura de las Cortes. La huelga general convocada por los anarquistas dio lugar a que miles de trabajadores de Telefónica militantes de la CNT dejaran de trabajar. La huelga obtuvo sus mayores éxitos en Sevilla y Barcelona, y causó una terrible vergüenza para el gobierno, deseoso de probar su capacidad para mantener el orden. El Ministerio de Trabajo la declaró ilegal e hizo intervenir a la Guardia Civil. En Sevilla, la CNT intentó convertir la huelga en una insurrección. Miguel Maura, ministro de la Gobernación, se decidió por una acción drástica: declaró el estado de guerra y envió al Ejército a aplastar la huelga. La naturaleza revolucionaria de la huelga asustó a las clases altas, mientras que la violencia con que fue reprimida -30 muertos y 200 heridos- reafirmó la hostilidad de los anarquistas hacia la República. La CNT iba cayendo progresivamente bajo el dominio de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), organización secreta fundada en 1927 para mantener la pureza ideológica del movimiento. En verano de 1931 se ahondó la división entre unionistas ortodoxos de la CNT y los miembros de la FAI, partidarios de una violencia revolucionaria continua. La FAI ganó la lucha interna y los elementos más reformistas de la CNT fueron eficazmente expulsados. La mayor parte del movimiento anarcosindicalista se dejó en manos de aquellos que creían que la República no era mejor que la Monarquía, ni que la dictadura de Primo de Rivera. Más tarde, y hasta que la CNT no fue reunificada con gran dificultad en 1936, los anarquistas se embarcaron en una política de “gimnasia revolucionaria”: huelgas insurreccionarias antirrepublicanas que, invariablemente, fracasaron por falta de coordinación y una represión feroz peor que permitieron que la prensa derechista identificara a la República con la violencia y la subversión.

         No obstante, en otoño de 1931, antes de que las oleadas de agitación anarquista llegaran a su apogeo, las Cortes estuvieron ocupadas en la elaboración de la nueva Constitución. Después de haber rechazado un primer borrador redactado por el político conservador Ángel Osorio y Gallardo, se reunió una nueva comisión constitucional el 28 de julio, bajo la dirección de un catedrático de derecho, el socialista Luis Jiménez de Asúa. Tenía apenas tres semanas para redactar el proyecto. En consecuencia, parte de su estilo poco sutil daría pie a tres meses de reñido debate. El 27 de agosto se presentó el proyecto, que Jiménez de Asúa describió como un documento democrático y liberal con gran contenido social. Luis Araquistain –más tarde uno de .os consejeros radicales de Largo Caballero- se apuntó una importante victoria socialista cuando convenció a la Cámara para que aceptara el artículo 1, que decía:”España es una República de trabajadores de todas las clases.” El artículo 44 establecía que todo el bienestar del país debía subordinarse a los intereses económicos de la nación y que, por razones de utilidad social, toda propiedad podía expropiarse, con la correspondiente indemnización. La Constitución –finalmente aprobada el 9 de diciembre de 1931- era, en efecto, tan democrática, laica, reformista y liberal en materias de autonomía regional como republicanos y socialistas hubieran podido desear. Por otra parte, aterraba a los grupos más poderosos en España: terratenientes, empresarios, eclesiásticos y oficiales del Ejército.

         La oposición de las clases conservadoras a la Constitución cristalizó en torno a los artículos 44 y 26. Este último se refería a la supresión de las subvenciones estatales al clero y a las órdenes eclesiásticas; la disolución de las congregaciones que, como la de los jesuitas, pronunciaban inapropiados juramentos de lealtad a una potencia extranjera y la limitación del derecho de la Iglesia a la propiedad de bienes. La actitud de la coalición republicano-socialista con respecto a la Iglesia sobre numerosos aspectos de la sociedad. Se trataba de un punto de vista razonable, pero no tenía en cuenta los sentimientos de millones de católicos españoles. La religión no era atacada como tal, pero la Constitución ponía punto final al respaldo gubernamental a la posición privilegiada de la Iglesia. Para la derecha, la solución adoptada por la Constitución respecto a la religión significaba un ataque horrible y violento contra los valores tradicionales. El debate sobre el artículo 26, la cláusula crucial referente a la religión, tras el encarnizamiento provocado por las reformas militares de Azaña, intensificó la polarización que desembocaría en una guerra civil. En un mitin en Ledesma, en Salamanca, el líder de Acción Popular, José María Gil Robles, declaró: “mientras las fuerzas anárquicas, pistola en mano, siembran el pánico hasta en círculos gubernamentales, el gobierno trata sin miramiento a seres inofensivos como lo son las pobres monjas”.

         En efecto, la aprobación de la Constitución significó un cambio importante en la naturaleza de la República. Al identificarla con el jacobinismo de la mayoría de las Cortes, la coalición gobernante apartó a numerosos miembros de las clases medias católicas. La notoria ferocidad del anticlericalismo constitucional provocó que la derecha organizara sus fuerzas, al mismo tiempo que empezaba a disolverse la unión formada en San Sebastián en 1930. Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieron en octubre de 1931 y Azaña, que había desempeñado un importante papel durante el debate sobre la Constitución, fue nombrado primer ministro. Esto indispuso a Lerroux, quien se había preparado para el cargo y quedó descartado por el temor extendido en los círculos políticos de que sería incapaz de no malversar los fondos públicos. Se dedicó a la oposición con sus radicales, por lo que Azaña se vio forzado a confiar aún más en los socialistas. Así pues, le resultó más difícil evitar la enemistad de la derecha.

         De hecho, Azaña se encontraba entre dos fuegos –el de la izquierda, que quería la reforma y el de la derecha, que la rechazaba-. Esto se hizo más patente cuando se ocupó del problema agrario. La violencia en el campo fue una característica constante de la República Basada en la pobreza abrumadora de los jornaleros rurales, fue mantenida en continua ebullición por la CNT. Los anarquistas, junto con la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), fundada en abril de 1930, reivindicaban la expropiación de fincas y la creación de granjas colectivas. Los republicanos, intelectuales de clase media, respetaban la propiedad y no estaban preparados para llevar esto a cabo. Largo Caballero, como ministro de Trabajo, había mejorado en cierta medida la situación con los cuatro decretos que había presentado en primavera. Sin embargo, los límites de tal reforma, hecha por partes, quedaron completamente al descubierto en diciembre de 1931 cuando la sección de Badajoz de la FNTT convocó una huelga general. Era, en conjunto, una huelga pacífica, de acuerdo con las instrucciones de sus organizadores. Pero en un aislado pueblo llamado Castillblanco, fue sangrienta. Cuando se convocó la huelga, los miembros de la FNTT de Castillblanco habían pasado todo el invierno sin trabajo. El 31 de diciembre, mientras llevaban a cabo una pacífica y ordenada manifestación, la Guardia Civil irrumpió en medio de la multitud y, después de una refriega, la Guardia Civil disparó, matando a un hombre e hiriendo a otros dos. Los aldeanos hambrientos, en un arrebato de miedo, angustia y pánico, se abalanzaron sobre los cuatros guardias y los mataron a pedradas y cuchillazos.


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