Domingo, 04 de octubre de 2009
Publicado por neracare @ 22:00  | Ensayo
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

 

 

 

               II. EL DESAFÍO DE LA IZQUIERDA, 1931-1933

 

 

         La llegada de la Segunda República significó una amenaza para los miembros más privilegiados de la sociedad y despertó esperanzas desmesuradas entre los más humildes. En definitiva, el nuevo régimen iba a fracasar porque no llevó a cabo sus amenazantes reformas ni cumplió con las utópicas expectativas de sus más fervientes partidarios. El éxito de la derecha en obstaculizar el cambio exasperaría enormemente a las clases trabajadoras rurales y urbanas y socavaría su fe en la democracia parlamentaria. Cuando eso ocurrió, y una vez la izquierda optó por las soluciones revolucionarias, facilitó enormemente la determinación derechista de desestabilizar la República. En efecto, dados los fracasos tanto de la Monarquía como de la dictadura, en 1931, la mayoría de los españoles estaba dispuesta a darle a la República una oportunidad. Sin embargo, detrás de esta superficial buena voluntad, latía un conflicto, potencialmente salvaje sobre el alcance de la reforma social y económica o, por utilizar la jerga de la época, sobre cuál debería ser el “contenido” de la República. En este sentido, las semillas de la guerra estaban enterradas cerca de la superficie de una forma de gobierno que era fuente de esperanza para la izquierda y de miedo para la derecha.

 

         Antes de 1931, todo el poder social, económico y político en España había estado en manos de los mismos grupos integrantes de la coalición reaccionaria de terratenientes, industriales y banqueros. El desafío a ese monopolio llevado a cabo por las fuerzas desunidas de la izquierda entre 1917 y 1923 había dejado al descubierto las deficiencias de la monarquía de la Restauración. La defensa de los intereses del establishment  fue entonces confiada al general Miguel Primo de Rivera. Debido a su fracaso, la idea de una solución autoritaria a los problemas que la asediada oligarquía debía afrontar se vio desacreditada durante un período breve. Además, la llegada de la República encontró a la derecha temporalmente carente de organización política. Por tanto, las clases altas y numerosos sectores de las clases medias reconformaron con la marcha de Alfonso XIII porque no tenían otra alternativa; lo hicieron con la esperanza de que, sacrificando un rey y tolerando un presidente, podrían protegerse de mayores desgracias en el camino de la reforma social y económica.

 

         Sin embargo, la proclamación de la República significó que, por primera vez, el poder político había pasado de la oligarquía a la izquierda moderada. Ésta estaba formada por representantes del ala más reformista de la clase obrera organizada, los socialistas, y una gama muy variada de pequeñoburgueses republicanos, muchos de los cuales eran idealistas y algunos, unos cínicos. Esperaban que juntos, a pesar de los considerables desacuerdos sobre ciertos detalles, si pudieran utilizar el poder estatal para crear una nueva España destruyendo la reaccionaria influencia de la Iglesia y el Ejército, barrerían la estructura de los latifundios y satisfarían las demandas autonómicas de los regionalistas vascos y catalanes. Sin embargo, el poder social y económico, la propiedad de la tierra y el control sobre quienes la trabajaban, los bancos y la industria, permanecieron sin cambios. Los que ostentaban ese poder estaban unidos con la Iglesia y el Ejército en su empeño de prevenir cualquier ataque contra la propiedad, la religión o la unidad nacional. Y encontraron rápidamente varios modos de defender sus intereses. Finalmente, pues, la Guerra Civil fue consecuencia de los esfuerzos de los líderes progresistas de la República por llevar a cabo la reforma contra los deseos de los estratos más poderosos de la sociedad.

 

         Cuando el Rey se exilió asumió el poder el gobierno provisional –cuya composición había sido aprobada en agosto de 1930, cuando los oponentes republicanos y socialistas al rey se reunieron y sellaron al pacto de San Sebastián-. El primer ministro era Niceto Alcalá Zamora, un terrateniente de Córdoba y ex ministro del monarca. El ministro de la Gobernación era Miguel Maura, hijo del célebre político conservador Antonio Maura. Tanto Alcalá Zamora como Maura eran católicos conservadores y servían como garantía a las clases altas de que la República permanecería dentro de unos límites razonables. El resto del gobierno estaba formado por republicanos de centro y de izquierda y socialistas reformistas, unánimes en su deseo de construir una República para todos los españoles. Por tanto, inevitablemente, la llegada de un régimen parlamentario constituía un cambio menos dramático de lo que esperaban, tan deseado por las multitudes regocijadas en las calles como temido por las asustadas clases altas.

         Las ambiciones socialistas eran moderadas. El liderazgo del PSOE esperaba que el poder político que había caído en sus manos le permitiera una mejora de las condiciones de vida de los braceros del sur, los mineros asturianos y otros sectores de las clases trabajadoras industriales. Pero se dieron cuenta de que la superación del capitalismo era un sueño lejano. Lo que desde el principio los miembros más progresistas de la nueva coalición republicano-socialista dejaron de percibir era la pura verdad: que los grandes latifundistas y propietarios de las minas consideraban cualquier intento de reforma como una agresión intolerable contra el reparto existente del poder social y económico. Sin embargo, en los días que precedieron a la constatación de que estaban atrapados entre las exigencias de las masas impacientes por conseguir reformas significativas y la tenaz hostilidad de los ricos ante cualquier tipo de cambio, los socialistas se aproximaron a la República en un espíritu de autosacrificio y optimismo. El 14 de abril, en Madrid, militantes de las Juventudes Socialistas impidieron el asalto a edificios relacionados con la derecha, especialmente el Palacio Real. Los  ministros  socialistas  se  plegaron  a  la  negativa  de  Maura  de  abolir  la Guardia Civil

-odiado símbolo de autoridad para trabajadores y campesinos-. Además, como gesto conciliador para con las clases adineradas, el ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, anunció que asumiría todas las obligaciones financieras de la dictadura.

         No obstante, no podía ignorarse el potencial estado de guerra entre quienes proponían la reforma y los defensores del orden existente. La hostilidad de la derecha hacia la República se manifestó muy pronto: en el primer consejo de ministros, Prieto anunció que la situación financiera del régimen estaba amenazada por la masiva evasión de capitales del país. Incluso antes de que se estableciera la República, los seguidores del general Primo de Rivera habían intentado levantar barricadas contra el liberalismo y el republicanismo. Empezaron a recolectar dinero de aristócratas, terratenientes, banqueros e industriales para promover sus ideas autoritarias, financiar actividades conspirativas y comprar armas. Se dieron cuenta de que el compromiso de la República de mejorar las condiciones de vida de los miembros más pobres de la sociedad representaba una amenaza, ya que implicaba una importante redistribución de la riqueza. En una época de depresión económica mundial, los aumentos salariales y el coste de mejores condiciones de trabajo no podían ser simplemente compensados por mayores beneficios.

         Desde finales de abril hasta principios de julio, los ministros de Trabajo, Francisco Largo Caballero, y de Justicia, Fernando de los Ríos, ambos socialistas, publicaron una serie de decretos dirigidos a remediar la aterradora situación en la España rural, castigada por la sequía durante la temporada 1930-1931, y agravada por el regreso de emigrantes. De los Ríos rectificó el desequilibrio de los arrendamientos rurales, que favorecían a los terratenientes. La evicción se hizo casi imposible y se bloqueó al aumento de los alquileres mientras los precios caían. Las medidas de Largo Caballero fueron mucho más dramáticas: el llamado “decreto de términos municipales” prohibió el empleo de mano de obra foránea mientras los trabajadores del propio municipio permanecieran sin empleo. Ello neutralizó la más potente arma de los terratenientes: el poder de romper las huelgas y mantener los salarios bajos gracias a la contratación de esquiroles baratos traídos de fuera. A principios de mayo Largo Caballero hizo algo que Primo de Rivera no había conseguido: creó jurados mixtos para regular los salarios y las condiciones de trabajo en el campo, anteriormente sujetos sólo al capricho de los propietarios. Uno de los derechos que ahora iba a cumplirse era la reimplantada jornada de ocho horas. Dado que anteriormente se suponía que los braceros trabajaran de sol a sol, esto significaba que los propietarios debían pagar un sobresueldo o emplear a más hombres para hacer el mismo trabajo. Finalmente, a fin de evitar que los propietarios sabotearan estas medidas mediante lock-outs, un decreto de laboreo forzoso les impedía mantener sus tierras improductivas. También se iniciaron preparativos para una radical ley de reforma agraria.

         La respuesta de la derecha fue compleja. En general, sus poderosas cadenas de prensa empezaron a presentar a la República como responsable de todos los problemas seculares de la economía española y origen de la violencia de masas. En los niveles locales, los terratenientes simplemente hicieron caso omiso de la nueva legislación, dejando que sus cuadrillas armadas ajustaran cuentas con los dirigentes sindicales que protestaban. Más concretamente, había dos respuestas políticas, conocidas entonces como “accidentalistas” y “catastrofistas”; los primeros consideraban que las formas de gobierno, republicana y monárquica, eran accidentales y no fundamentales; lo que realmente importaba era el contenido social del régimen. Así inspirado por Ángel Herrera, dirigente en la sombra de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, los accidentalistas adoptaron una tácita legalista. Bajo el dinámico líder de la ACNP, José María Gil Robles, las viejas Federaciones Agrarias Católicas se refundieron en una organización llamada Acción Popular. Sus escasos diputados parlamentarios utilizaron todos los ardides posibles para bloquear la reforma en las Cortes. Se llevaron a cabo masivos y extraordinariamente hábiles esfuerzos de propaganda para persuadir a los pequeños propietarios rurales del norte y el centro de España de que las reformas agrarias de la República perjudicaban sus intereses en igual o mayor medida que los de los grandes terratenientes. A los pequeños propietarios católicos y conservadores se les presentaba la República como el instrumento agitador y ateo del comunismo soviético cernido sobre sus tierras para robarlas y forzar a sus esposas e hijas a una orgía de amor libre obligatorio. Por tanto, asegurados así sus votos, en 1933, la derecha legalista iba arrebatar el poder político a la izquierda.

         Al mismo tiempo, los diversos grupos catastrofistas se oponían fundamentalmente a la República y creían que ésta debía ser derrocada mediante una explosión catastrófica o un alzamiento. Su punto de vista iba a prevalecer en 1936, aunque no debe olvidarse que la contribución de los accidentalistas en la siembra de un antirepublicanismo entre los pequeños propietarios campesinos fue crucial para la campaña bélica de Franco. Había tres principales organizaciones catastróficas: la más antigua de ellas era la Comunión Tradicionalista de los carlistas, defensores antimodernos de una teocracia cuyo gobierno en la tierra debía recaer en sacerdotes guerreros. Por anticuadas que fueran sus ideas, disponía de nutridas filas de partidarios entre los granjeros de Navarra y poseía una fanática milicia llamada el Requeté que, entre 1934 y 1936, recibió instrucción militar en la Italia de Mussolini. Los mejor financiados y, en definitiva, los más influyentes de los catastrofistas eran los antiguos partidarios de Alfonso XIII y del general Primo de Rivera. Estos monárquicos   

      (ver segunda parte, para continuar este capítulo)


Tags: Paul Preston, Guerra Civil, hispanistas, Hª de España

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