Lunes, 21 de septiembre de 2009
Publicado por neracare @ 21:51  | Ensayo
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

 

 

 

        I. UNA SOCIEDAD DIVIDIDA:

         ESPAÑA ANTES DE 1930

 

 

          Los orígenes de la Guerra Civil española se remontan siglos atrás en la historia del país. La idea de que los problemas políticos podían solucionarse de manera más natural por la violencia que por el debate estaba firmemente arraigada en un país en el que, durante mil años, la guerra civil había sido, si no exactamente la norma, ciertamente no una excepción. La guerra de 1936-1939 era el cuarto conflicto de estas características desde 1830. La propaganda de “cruzada” religiosa de los nacionalistas la vinculaba con la Reconquista cristiana de España contra los árabes. En ambos bandos, el heroísmo y la nobleza convivían con la crueldad primitiva que no habría desentonado en la épica medieval. Sin embargo, en última instancia, la Guerra Civil fue una guerra que se asentó con fuerza en nuestra época. Las intervenciones de Hitler, Mussolini y Stalin hicieron que se convirtiera en un momento crucial de la historia del siglo XX. Pero, dejando aparte su dimensión internacional y la miríada de conflictos que estallaron en 1936 – regionalistas contra centralistas, anticlericales contra católicos, trabajadores sin tierra contra latifundistas, obreros contra industriales- tienen en común el ser las luchas de una sociedad en vías de modernización.

 

          Para entender el proceso que condujo a España hasta el baño de sangre de 1936 es necesario hacer una distinción fundamental entre los orígenes estructurales a largo plazo y las causas políticas inmediatas. Durante los cien años anteriores a 1936, se produjo la gradual e inmensamente compleja división del país en dos bloques sociales ampliamente antagónicos. Sin embargo, cuando se estableció la Segunda República el 14 de abril de 1931, en medio de escenas de regocijo popular, pocos españoles –aparte de los sectores más fanáticos de la extrema derecha e izquierda, los monárquicos conspiradores y los anarquistas- creyeron que los problemas del país podían solucionarse sólo mediante la violencia. Cinco años y tres meses más tarde, muchos sectores de la población creían que la guerra era inevitable. Además, gran parte de ellos la veía como algo positivo. Por tanto, es necesario establecer qué ocurrió exactamente entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 para que se produjera el cambio. Los odios políticos que habían polarizado la Segunda República en esos cinco años eran un reflejo de los conflictos hondamente arraigados en la sociedad española.

 

       La Guerra Civil fue la culminación de una serie de accidentadas luchas entre las fuerzas de la reforma y las de la reacción que dominaban la historia española desde 1808. Hay una constante curiosa en la historia moderna de España que procede de un frecuente desfase entre la realidad social y la estructura de poder político que la regía. Los larguísimos períodos durante los cuales los elementos reaccionarios han intentado utilizar el poder político y militar para retrasar el progreso social se han visto inevitablemente seguidos de estallidos de fervor revolucionario. En 1850, 1870, entre 1917 y 1923 y, principalmente, durante la Segunda República, se llevaron a cabo esfuerzos para poner la política española en sintonía con la realidad social del país. Ello implicó, inevitablemente, intentos de introducir reformas fundamentales, especialmente agrarias, y de llevar a cabo redistribuciones de la riqueza. Tales esfuerzos provocaron, alternativamente, intentos reaccionarios de detener el reloj y reimponer la tradicional desigualdad en la posesión del poder económico y social. Así, hubo progresivos movimientos aplastados por el general O´Donnell en 1956, el general Pavía en 1874 y el general Primo de Rivera en 1923.

 

         Por tanto, la Guerra Civil representó la última expresión de los intentos de los elementos reaccionarios en la política española de aplastar cualquier reforma que pudiera amenazar su privilegiada posición. El recurrente predominio de estos elementos era consecuencia del continuo poder de las antiguas oligarquías terratenientes y de la paralela debilidad de la burguesía progresista. Una de las secuelas del desarrollo tortuosamente lento y desigual del capitalismo en España fue la existencia de una clase comercial y manufacturera numérica y políticamente insignificante. España no experimentó una clásica revolución burguesa en la que rompieran las estructuras del Antiguo Régimen. El poder de la monarquía, de la nobleza terrateniente y de la Iglesia seguían más o menos intactos bien entrado el siglo XX. A diferencia de Gran Bretaña y Francia, la España del siglo XIX no había presenciado el establecimiento de una política democrática con la flexibilidad necesaria para absorber las nuevas fuerzas y ajustar el cambio social. Esto no significa que España aún fuera una sociedad feudal sino que las bases legales del capitalismo fueron establecidas sin que se produjera una revolución política. Por  tanto, con la obvia diferencia de que su capitalismo industrial era extremadamente débil, España siguió el modelo establecido por Prusia.

          De hecho, incluso hasta la década de los cincuenta, el capitalismo en España era predominantemente agrario. La agricultura española es muy variada en cuestión de clima, cultivos y sistemas de tenencia de la propiedad. Durante mucho tiempo hubo zonas de provechosa explotación comercial de granjas pequeñas y medianas, especialmente la de los fértiles y húmedos valles y colinas de aquellas regiones norteñas que también habían experimentado la industrialización –Asturias, Cataluña y el País Vasco-. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, los sectores dominantes en términos de influencia política eran, en general, los grandes terratenientes. Los latifundios se concentraban principalmente en las áridas regiones central y sureña de Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía, aunque también había importantes latifundios en Castilla la Vieja y, especialmente, en Salamanca. El monopolio político de la oligarquía terrateniente se veía periódicamente sujeto a asaltos infructuosos por parte de los industriales y de los comerciantes. Hasta bastante tiempo después del fin de la guerra, la alta burguesía urbana se vio obligada a representar el papel de socio minoritario en una provechosa coalición con los grandes latifundistas. A pesar de la esporádica industrialización y el fuerte crecimiento de la representación política de los industriales norteños, el poder permaneció principalmente, en manos de los terratenientes.

 

          Nunca hubo posibilidades de que en España coincidieran la industrialización y la modernización política. En la primera mitad del siglo XIX los progresivos impulsos, tanto políticos como económicos, de la burguesía española, se vieron irrevocablemente desviados. La anulación de las restricciones feudales en las transacciones de la tierra, se añadió a los problemas financieros de la monarquía, en 1830 y 1850, para liberalizar las extensas tierras comunales, de la aristocracia y el clero. Esto no sólo  redujo cualquier estímulo hacia la industrialización sino que, al ayudar a expandir los grandes latifundios, también provocó fuertes odios sociales en el sur. Las tierras, nuevamente a la venta, fueron compradas por los terratenientes más poderosos y por las personas acomodadas de la burguesía industrial y mercantil, atraídas por su bajo precio y por el prestigio social que comportaban. Se consolidó el sistema latifundista y los nuevos terratenientes se mostraron ansiosos de recuperar sus inversiones. Reacios a comprometerse en costosos proyectos de irrigación, prefirieron sacar sus beneficios de la explotación de las grandes masas de campesinos sin tierras, los braceros y jornaleros. La marcha de los más tolerantes amos del pasado, clérigos y nobles, junto con el vallado de las tierras comunales, hizo desaparecer la mayor parte de los paliativos sociales que hasta entonces habían preservado las tierras hambrientas del sur de los levantamientos campesinos. La represión por parte de la Guardia Civil sustituyó al paternalismo mediante la creación de una policía armada rural con la principal misión de proteger los mayores latifundios de los campesinos que trabajaban en ellos. Así, pues, el fortalecimiento de la oligarquía exacerbó una explosiva situación social que sólo podía fomentar las tendencias reaccionarias de los propietarios. Al mismo tiempo, la canalización hacia el suelo agrario de los capitales mercantiles de los grandes puertos de mar y de los bancos de Madrid, debilitó proporcionalmente el interés de estos sectores por la modernización.

 

          Las continuas inversiones en la tierra y las muchas alianzas matrimoniales entre la burguesía urbana y la oligarquía terrateniente contrarrestaron las fuerzas comprometidas en la reforma. La debilidad de la burguesía española como clase potencialmente revolucionaria se vio acentuada en el período 1868-1874, que culminó en el caos de la Primera República. Con un aumento de la población a mediados de siglo que reforzaba la presión sobre la tierra, hubo una confluencia en las ciudades de campesinos no cualificados que habían llegado para engrosar la multitud de desempleados muy sensibles al aumento del precio del pan. Poco menos desgraciada era la posición de la baja clase media urbana de maestros, oficinistas y dependientes de comercios. Pero las condiciones eran quizá peores en la industria   textil   catalana,  donde   se   daban  todos  los  horrores  del  naciente  capitalismo

-jornadas  interminables, trabajo infantil, hacinamiento y bajos salarios-. Cuando la guerra civil americana suspendió los suministros de algodón en los años sesenta, el consiguiente aumento del desempleo, combinado con una bajada en la construcción del ferrocarril, condujo a la clase obrera urbana a la desesperación. En 1868, a este descontento popular se sumó un movimiento provocado por el resentimiento de las clases medias y del estamento militar en contra de las preferencias de la Monarquía hacia los sectores clericales y ultraconservadores. Una serie de pronunciamientos de los militares liberales junto con las revueltas callejeras, condujeron al destronamiento de Isabel II. Pero los dos movimientos eran, en última instancia, contradictorios: los liberales se horrorizaron al comprobar que su rebelión constitucionalista había desembocado en un revolucionario movimiento de masas. Y, para empeorar las cosas, estalló una insurrección en la más rica colonia española aún subsistente: Cuba. El monarca elegido como sustituto, Amadeo de Saboya, abdicó desesperado en 1873 y, en el consiguiente vacío de poder, la Primera República se proclamó después de una serie de levantamientos obreros, amenaza intolerante para el restablecimiento del orden, que fueron aplastados por el Ejército en diciembre de 1874.

 

          En muchos aspectos, el bienio 1873-1874 fue para España lo que 1848-1849 había sido para el resto de Europa. Después de haberse armado del suficiente valor para desafiar al Antiguo Régimen, la burguesía abandonó sus propias ambiciones reformistas, asustada por el fantasma del desorden proletario. Cuando el Ejército restauró la Monarquía en la persona de Alfonso XII, se abandonó la reforma a cambio del retorno de la paz social. Y la consiguiente correlación de fuerzas entre la oligarquía terrateniente, la burguesía urbana y el resto de la población quedó perfectamente reflejada por el sistema político de la restauración monárquica de 1876: dos partidos políticos, el Conservador y el Liberal, representaban los intereses de dos sectores de la oligarquía terrateniente, los productores de vino y aceitunas del sur y los productores de trigo de la Meseta. Las diferencias entre ellos eran mínimas; ambos eran monárquicos y no se dividían por motivos sociales, sino por el conflicto entre proteccionismo y libre comercio y, en menor medida, por la religión. La burguesía industrial del norte apenas estaba representada dentro del sistema, pero por el momento se contentaba con dedicar sus actividades a la expansión económica en una atmósfera de estabilidad. Hasta que en el siglo XX organizaron sus propios partidos políticos, los manufactureros textiles catalanes se inclinaban por apoyar a los liberales debido a que compartían los mismos intereses con respecto a las tarifas proteccionistas, mientras los vascos, exportadores de acero, tendían a apoyar a los promotores del libre mercado del Partido Conservador.

 

         Era prácticamente imposible para cualquier aspiración política encontrar una expresión legal al margen de los dos grandes partidos oligárquicos. Los gobiernos liberal y conservador se sucedían con soporífera regularidad. Cuando los resultados no se manipulaban en el Ministerio del Interior, se manejaban a nivel local. El sistema de manipulación electoral se basaba en el poder social de los jefes locales o caciques. En las

Tags: Paul Preston, Guerra Civil, hispanistas, Hª de España

Comentarios
Publicado por Curunir
Martes, 22 de septiembre de 2009 | 18:59
Muy bien Neracare. En el seguimiento y transcripci?n de esta obra, se podr? aprender mucho sobre todo de las razones hist?ricas, dentro de una l?gica de conflictos demoledora, que nos llev? a una guerra fraticida, y el por qu? los espa?oles estamos siempre tendiendo a agredirnos unos a otros. Por qu? nuestro debate ha de resolverse siempre por la fuerza, por qu? no es sana nuestra discusi?n, y est?n siempre tan ideologizadas nuestras posturas, que evitan lo razonable.